Hace dos semanas, el Gobierno lanzó el Plan VRAEM para enfrentar
al narcotráfico y al terrorismo en los valles de los Ríos Apurímac y Ene, y del
Mantaro. Nicolás Zevallos, investigador del Laboratorio de Estudios Sobre el
Crimen y la Violencia del Cisepa (Centro de Investigaciones Sociológicas,
Económicas, Políticas y Antropológicas), opina al respecto.
¿Por qué es tan difícil solucionar el
problema del VRAEM?
Esto
es difícil porque no se trata exclusivamente de un problema de seguridad y
criminalidad que se pueda solucionar con una mayor presencia militar. Si bien
existe un riesgo inmediato por la presencia del narcotráfico y de quienes se
autodenominan el Militarizado Partido Comunista del Perú, o el MPCP, existen
múltiples factores que permiten que esos riesgos existan. La pobreza, las
limitaciones en la representación política, y la poca accesibilidad e
infraestructura para el desarrollo económico-productivo, son elementos que van
más allá de las inmediatas amenazas a la seguridad en esta zona.
¿Se ha dicho que este plan es “solo un
cambio de nombre”? ¿Está de acuerdo?
Hay
que esperar mayores luces de lo que se piensa hacer. Por lo pronto, la
inclusión del valle del Mantaro da la impresión de que se quiere reforzar el
aspecto de la seguridad. Hay que tomar en cuenta que ya en la formulación del
Plan VRAE se incluyó la zona de Tayacaja, que geográficamente no forma parte
del VRAE pero sí cumplía un importante papel en el tránsito tanto de insumos
químicos como de derivados “cocaínicos”. Ahora se está haciendo algo semejante,
pues las zonas del Mantaro integradas son también lugares de tránsito de
derivados “cocaínicos” y, por tanto, de accionar criminal y subversivo.
¿Por qué fracasaron las anteriores
iniciativas en la zona?
El
presupuesto del Plan VRAE resultaba de la suma de lo que tenía cada sector y de
lo que tenían los gobiernos regionales y locales para invertir en la zona. Cada
entidad ejecutaba sus proyectos de acuerdo con sus prioridades y la Secretaría
Ejecutiva del Plan VRAE no tenía capacidad para que esta inversión se enfoque
estratégicamente. Pero el problema va mucho más allá. El principal error: se
trata de contener el problema a un espacio territorial, cuando se debe integrar
estas zonas al territorio nacional. Este tipo de planes refuerzan una identidad
estigmatizada por asociación a la criminalidad y violencia. Eso genera rechazo
en los ciudadanos de la zona. Es casi imposible ganarse la confianza de la
gente si tu estrategia de intervención es estigmatizadora y militarizada. Es
necesario apostar por su recomposición e integración social, económica,
cultural y política. No se requiere una mera intervención del gobierno de turno
o del Estado, sino de la sociedad en su conjunto.
¿Qué implica la inclusión del Valle
del Mantaro?
Se
está diciendo que el Estado necesita tener presencia en más zonas para
controlar el narcotráfico y el terrorismo. El principal argumento para incluir
al Mantaro es que se trata de zonas de tránsito de derivados “cocaínicos”. Ello
implica reconocer que los dirigidos por los Quispe Palomino han crecido en su
capacidad bélica y tienen mejor control territorial de estos valles. Asimismo,
que el narcotráfico tiene mayor cobertura y libertad para actuar e involucrar a
la población en sus actividades ilícitas. No obstante, aún no queda del todo
claro cual será la intervención en estas nuevas zonas y qué peso van a tener
los proyectos de desarrollo frente a las estrategias de seguridad.
¿Con este plan se puede alcanzar la
pacificación en el 2012?
Es
imposible a corto plazo. A los hermanos Quispe Palomino les ha tomado años
ganarse la confianza de la población. Han realizado trabajo de hormiga para
demostrarle a la gente que no son la misma organización que entraba a robar y
masacrar a sus comunidades. El cambio de denominación a Militarizado Partido
Comunista del Perú no es gratuito. Al Estado le toca romper esta nefasta
relación y reconquistar esa confianza. Eso toma años de trabajo sostenido y dio
mejores opciones de vida a esos ciudadanos.
¿La cabeza del plan VRAEM debe tener
autonomía?
Si
se concibe que el principal problema de estos valles es el tráfico ilícito de
drogas y su nefasta relación con el terrorismo, el Plan VRAEM debe articularse
a Devida, ente rector en la materia. No tendría sentido que la implementación
de este plan se realice fuera de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las
Drogas 2012-2016 recientemente aprobada por la PCM y cuya implementación está
en la cartera de esta entidad pública.
¿Es correcto el concepto de
narcoterrorismo para este caso?
Ese
concepto clásico implica una relación meramente económica entre
narcotraficantes y terroristas. Es una mirada confusa e incompleta por dos
motivos. En primer lugar, el manejo de los recursos de la droga les permite a
los Quispe Palomino legitimarse ante la población como dinamizadores y
reguladores de la economía local. El MPCP no solo recibe dinero, sino que actúa
como intermediario, por ejemplo, al regular los precios que se pagan por la
compra de hoja de coca ilícita a los agricultores. En segundo lugar, el MPCP no
solo se vincula al narcotráfico, sino también al contrabando, a la tala ilegal
y a otras actividades delictivas. El concepto de narcoterrorismo es desbordado
por la realidad. El fenómeno es bastante más complejo de lo que opiniones
reduccionistas suelen señalar. (Fuente: PUCP puntoedu.pucp.edu.pe).11-JUL12
